Se han levantado ciertas luces de alarma en torno a la designación de Francisco Vidal a la presidencia de Televisión Nacional de Chile, si bien el ex ministro de la Concertación había asumido tal cargo entre 2006 y 2007, fueron sus declaraciones al ser designado la semana pasada como presidente del directorio de TVN las que generaron preocupación que provinieron desde importantes figuras de la estación como Santiago Pavlovic así como de líderes de opinión tal como el caso de Daniel Matamala en su columna dominical en La Tercera. Toda esta preocupación fue corroborada por las declaraciones de Camila Vallejo en el medio The Clinic el pasado domingo.
Tanto Vallejo como Vidal proponen una visión diferente a la que presenta hoy TVN. Sabemos que desde 1992 es una estación pública, ergo, que pertenece a todos los chilenos, aunque para sus efectos prácticos todavía tiene una gran incidencia el gobierno de turno (y la clase política en general) en la designación de su directorio. Además sabemos que a diferencia de otras cadenas de igual naturaleza en el mundo entero nuestra cadena pública debe competir en la misma condición que las estaciones privadas ya que esta se autofinancia, por lo que debe recurrir tanto a la publicidad como a la venta de sus producciones para generar ingresos, por tanto no recibe aportes del estado ni tampoco recibe sus recursos a través del llamado impuesto por televisor. En conclusión, una televisión pública bien sui generis.
La propuesta que pretenden establecer por parte de la ministra Vallejo y Francisco Vidal a través de sus declaraciones es la de transformarse en un canal institucional del Estado de Chile, donde se le puede dar cabida a las agendas de los diferentes órganos de la República, eso quiere decir, si nos aferramos a lo dicho por Vallejo y Vidal, que será la imágen no solo del Presidente de la República sino de las cámaras legislativas, del Poder Judicial, de la Contraloría y el Ministerio Público, entre otros organismos. Si se conduce en una buena directriz ésta iniciativa, sería una instancia en que la ciudadanía pueda informarse de las principales funciones de los poderes del Estado y así generar una mayor cercanía con el público. Lo interesante sería cómo se podrá llevar a cabo la comunicación de tantos entes, por ejemplo, si se utilizarán los instrumentos del departamento de prensa o será a través de microprogramas, como ocurre en el caso de Colombia.
Pero no podemos dejar de poner una luz de alarma con esta propuesta. Hablamos de un cariz positivo que podría tomar nuestra televisión reflejando la actividad de los poderes estatales. Pero no podemos olvidar de la tentación de querer transformar la agenda informativa de una señal en el diario mural del gobierno, sin reconocer los errores que este puede cometer. Nuestra preocupación está fundada por la cada vez creciente crítica que desde el propio Presidente de la República hace de los medios de comunicación, en donde incluso ha llegado a caracterizado como “columnista menor” a alguien que recomendó leerlo hace tiempo atrás. No queremos suponer que todo esto implica una política de mayor intervención sobre los medios, donde si bien compartimos algunos reparos pronunciados por el Presidente Boric, no quiere significar que el gobierno busque intervenir agendas informativas, ni mucho menos al medio que por ley pertenece al patrimonio de todos los compatriotas.
Estaremos alertas ante cualquier desviación que signifique un rompimiento de los propósitos de la estación pública en desmedro de intereses partidarios particulares. Si esto llega a ocurrir, muy difícilmente la estación recuperará la credibilidad que con tanto esfuerzo pudo emprender al recuperar la democracia y por el contrario, se alzarán las voces para que uno de los pocos espacios de expresión que no pertenece a un interés particular sea privatizado. No hay que viajar tan lejos para comprender el peligro que corre nuestra televisión pública si cumple propósitos proselitistas.