La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) manifestó su rechazo categórico al artículo 8 del proyecto de “megarreforma” o Plan de Reconstrucción Nacional, el cual introduce una excepción al derecho de autor para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial (IA). La organización gremial, que agrupa a más de mil emisoras en todo el país, exigió al Ejecutivo el retiro inmediato de esta disposición por considerarla ajena a las ideas matrices del proyecto y perjudicial para el ecosistema informativo nacional.
Un golpe al patrimonio de los medios regionales
La controversia se centra en una cláusula que facultaría a los sistemas de IA para utilizar obras lícitamente publicadas sin necesidad de contar con la autorización del titular ni ofrecer remuneración alguna, siempre que no se considere una “explotación encubierta”. Según Archi, esta medida beneficia directamente a las grandes corporaciones tecnológicas globales, permitiéndoles apropiarse gratuitamente de contenido verificado, territorial y diverso que ha sido producido tras décadas de inversión y esfuerzo por parte de los equipos periodísticos chilenos.
La asociación alertó que esta norma ya había sido descartada previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados durante la tramitación de la ley sobre sistemas de IA. Sin embargo, denuncian que ha reaparecido en este nuevo paquete legislativo con un alcance incluso mayor, omitiendo limitaciones previas como el uso exclusivo para investigación científica sin fines de lucro o mecanismos de reserva de derechos (opt-out).
Asimetría frente a gigantes tecnológicos
Para la Archi, la propuesta profundiza una injusticia estructural: mientras las emisoras locales operan bajo marcos regulatorios y cargas financieras estrictas, las plataformas digitales globales capturan mercados sin retribuir al ecosistema del que se nutren. El gremio subrayó que la tendencia internacional actual es opuesta, con medios de comunicación de prestigio suscribiendo acuerdos de licenciamiento pagados con empresas de IA.
Asimismo, criticaron la ambigüedad de la cláusula sobre la “explotación encubierta”, señalando que carece de criterios operativos y traslada a los medios la carga de litigios costosos y técnicamente complejos contra gigantes globales. “El derecho de autor es la base económica que permite sostener un periodismo profesional y verificado”, afirmó la asociación, advirtiendo que debilitar este pilar favorece el avance de la desinformación.
Exigencia de un debate legislativo específico
Dada la complejidad técnica y las implicancias democráticas de la medida, la Archi exhortó a las autoridades a separar esta discusión de la agenda de reconstrucción económica y reforma tributaria. Solicitaron la apertura de un espacio de diálogo formal con los gremios de comunicación y titulares de derechos antes de adoptar cualquier resolución que habilite el uso de obras protegidas para fines de entrenamiento tecnológico.