La delgada línea entre la privacidad de las figuras públicas y el escrutinio de los recursos estatales volvió a ser el centro del debate en el capítulo de anoche de Primer Plano. Bajo la conducción de Francisca García-Huidobro, el panel integrado por Vasco Moulian, Antonella Ríos y Pablo Mackenna desglosó la crisis que atraviesa la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. El caso, que comenzó como una disputa en tribunales de familia, escaló a un cuestionamiento político mayor debido al millonario aumento de sueldo de su actual jefe de gabinete, Mauricio Esteban González Tobar, en medio de una investigación previa por presunto fraude al fisco conocida como la “cuota Flores”.
Un quiebre expuesto en tribunales y redes
La polémica estalló tras la filtración de un video íntimo de la parlamentaria junto a González, captado originalmente por las cámaras de seguridad del domicilio que compartía con su exmarido, el también político Percy Marín. Marín ingresó una demanda de divorcio culposo acusando una grave vulneración al deber de fidelidad, solicitando una indemnización compensatoria que asciende a los 300 millones de pesos. Mientras la senadora Flores acusa que la difusión del registro responde a un acto de “despecho” y venganza orquestado por su expareja, Marín se defendió públicamente asegurando que los registros se obtuvieron de forma lícita y que están en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer quién masificó el archivo en internet.
El factor económico y el uso de asignaciones
El debate del panel transitó rápidamente desde la arista de la intimidad hacia las irregularidades administrativas. Los antecedentes revelan que Mauricio González fue contratado inicialmente en la Cámara de Diputados con una remuneración de 450 mil pesos. Sin embargo, tras asumir Flores su escaño en el Senado, González fue ascendido a jefe de gabinete con un sueldo de 3 millones 600 mil pesos, convirtiéndose en el asesor mejor pagado de la Cámara Alta.
El panelista Pablo Mackenna planteó una dura postura respecto a la coincidencia de las cifras en juego, sugiriendo una “ironía” económica en el cruce de las distintas causas judiciales. El monto de la indemnización que exige Marín coincide casi de manera exacta con los 300 millones de pesos que la Fiscalía investiga en la “cuota Flores”, causa penal que acusa a la legisladora de exigir devoluciones en efectivo a sus asesores parlamentarios. Esta tesis fue respaldada de forma indirecta por el testimonio exclusivo de Patricia Muñoz, una técnico en enfermería (TENS) que trabajó en el hogar familiar. Muñoz afirmó en el programa que en el domicilio de Reñaca era habitual el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo para pagos informales, lo que reaviva las dudas sobre la probidad en la gestión de las asignaciones públicas del Congreso.